Medio ambiente,
seguridad ciudadana y modernización institucional
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Medio ambiente |
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Seguridad
ciudadana |
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Modernización institucional |
En los últimos 30 años, Costa Rica ha desarrollado políticas públicas de protección al medio ambiente que le han generado respeto y le han permitido conformar un sistema de parques nacionales y áreas protegidas que ha sido reconocido internacionalmente.
Diversa legislación adoptada ha permitido un desarrollo institucional ¾ no del todo ordenado y congruente¾ , que ha permitido grandes avances en este campo. La Ley Orgánica del Ambiente, la Ley de Creación del Ministerio del Ambiente y Energía, la Ley de Vida Silvestre, y la consagración del derecho a un medio ambiente equilibrado a nivel constitucional (art. 5º, Constitución Política) conforman el sistema institucional en el campo del ambiente al que se suman múltiples tratados internacionales suscritos por el país.
Gracias a estos esfuerzos se ha podido dar avances importantes. Para el año 2000 se determinó que la cobertura forestal era aproximadamente de un 48%, lo que representa una mejora significativa al comparar que en los años 80´s esa cobertura era de 26%.
A pesar de lo limitado de su territorio, se estima que Costa Rica posee al menos 5% de la diversidad biológica que existe sobre la tierra, y se calcula entre 500.000 y un millón, el número de especies en el país.
Una de las críticas más severas que se hace a la política en el sector es la inestabilidad jurídica que se tiene en las áreas protegidas (expropiaciones no pagadas), lo que genera una vulnerabilidad del sistema. Se estima en un 3,7% del PIB las sumas de dinero que se requieren para cancelar estas deudas (deuda no documentada).
Adicionalmente a ello, existen problemas de fiscalización y control ambiental donde la presión sobre los bienes de dominio público, bosques, aguas, es muy alta y no hay capacidad de ejercer la función pública de fiscalización.
Las preocupaciones nacionales están evolucionando de la llamada Agenda Verde (forestal) hacia otro tipo de preocupaciones que reflejan de forma intensa las consecuencias del desarrollo, como es el caso del problema de los recursos hídricos nacionales. La existencia de múltiples legislaciones e instituciones que tratan la materia sin competencias claras y definidas, dificulta el uso racional del recurso hídrico y la fiscalización y tutela del proceso. No existe una verdadera valoración del recurso en su explotación, ni se han internalizado los costos ambientales asociados a ellos.
Otra preocupación que surge es el deterioro de los suelos nacionales por su mal manejo, así como los problemas de contaminación del aire y sónica, y la falta de tratamiento de desechos sólidos, producto de un desarrollo urbano desordenado. El Estado costarricense debe evolucionar para dar respuesta a estos retos y lograr que se incorpore adecuadamente los costos ambientales asociados a la explotación de los recursos
Por estas razones y por que creemos que no hay desarrollo humano sin sostenibilidad ambiental, debemos garantizar, defender y preservar determinados recursos con rango de interés público prevalente, tales como el aire, agua, suelo, subsuelo, diversidad biológica y sus componentes; así como sobre los hidrocarburos, los minerales, los recurso energéticos, costeros, marinos, el mar patrimonial, la zona marítima de exclusión económica y las áreas protegidas.
Hoy, los costarricenses perciben la seguridad ya no únicamente como la posibilidad de resultar víctima de un robo, sino también por la evidente incapacidad del sistema judicial de dar respuesta a la mayor cantidad de denuncias y por la impunidad de los delincuentes. Además, se preocupan por la seguridad jurídica de sus bienes, sus actividades y la corrupción en todos los ámbitos de la vida nacional.
A pesar del esfuerzo realizado por el Estado, como han sido los incrementos en el número de plazas policiales y en el presupuesto del Ministerio de Seguridad Pública y Gobernación, la profesionalización y capacitación de sus efectivos y el fortalecimiento del programa de Seguridad Comunitaria, el problema de la incidencia delictiva persiste. Para 1990 se presentaron 32.003 denuncias, de las cuales 28.952 constituyeron delitos y fueron condenados 6.383; para 1995 se presentaron 45.338 denuncias y 40.939 fueron delitos, condenándose únicamente a 6.970, y en el 2000 estas cifras fueron de 48.357, 44.736 y 3.005, respectivamente, lo cual refleja una clara desproporción en la acción coercitiva de la fuerza pública y la labor de los tribunales de justicia.
Por otro lado, la seguridad jurídica se ha visto afectada por el gran número de apropiación de fincas y terrenos, a través de subterfugios legales, lo cual afecta las condiciones para la atracción de inversiones, al no poder asegurar la propiedad a sus legítimos dueños. En el ámbito de la protección de la propiedad intelectual, se han implementado acciones para eliminar la piratería, principalmente en paquetes informáticos y música.
Por último, la corrupción y la impunidad en la función pública es un campo en el cual se debe actuar de manera decidida y enérgica. Los ciudadanos, cada vez más, perciben que los autores de delitos en la administración pública quedan en libertad a pesar de los esfuerzos de los órganos policiales y culpan de ellos a los políticos y al gobierno.
Hoy, no solo es necesario tener más y mejores policías, más capacitados y mejor equipados, sino que cuenten con las herramientas necesarias para asegurarle a la ciudadanía un mejor servicio. El Poder Judicial debe asegurar una justicia pronta y cumplida que le permita al ciudadano tener la seguridad de que sus necesidades de justicia sean satisfechas. Por otra parte, debemos mejorar la infraestructura carcelaria, con el fin de que permita mantener una mayor población penal.
La Administración Pública Costarricense ha discurrido por diversas etapas , resumidas y escritas en diagnósticos y estudios, entre los cuales se distinguen como los de mayor trascendencia para el país los esfuerzos realizados por COREC I y COREC II, los que se resumen en un proyecto que contiene básicamente las disfuncionalidades de aparato estatal , concebido como fuente de duplicidades, ineficiencias, arbitrariedades y privilegios. Sobre esa base surgieron entonces los programas de reestructuración institucional tales como cierres de instituciones, desregulación, reformas jurídicas y programas sobre empleo público.
No obstante, sigue estando ausente una construcción teórica- conceptual de las instituciones que requiere Costa Rica para el siglo XXI, para posibilitar una modernización institucional pragmática. La tendencia hasta ahora se detiene en transformar el Estado costarricense en un rector, en un instrumento capaz de dictar grandes lineamientos, flexible y versátil, al definir su nivel de intervención en las actividades económicas y sociales para gestar el desarrollo y la justicia social.
Lo anterior nos lleva a revisar sus competencias, para dejar aquellas funciones que son estrictamente esenciales, sin distraerle en actividades de poco valor. Implica lo anterior, profundas transformaciones legales e institucionales, ya que si revisamos algunas leyes datan de principios y mediados del siglo pasado y que carecen de una visión y organización moderna, necesaria para interrelacionarnos hoy con una sociedad internacional de la que somos parte y que genera cambios acelerados.
No obstante ello, durante los últimos veinte años las fuerzas políticas costarricenses tuvieron dificultades para lograr acuerdos claros y abiertos que se plasmaran en políticas estatales a mediano y largo plazo que condujeran a la modernización del Estado costarricense para superar desequilibrios internos y obstáculos estructurales, con el fin de mejorar la competitividad del país, lograr el crecimiento de la producción, disminuir la pobreza e incrementar el bienestar social, con un Estado racional, necesario y suficiente. Hoy esos acuerdos son absolutamente necesarios e impostergables.
Algunas experiencias redundan en una falta de gobernabilidad y el desencanto político al observar que el Estado se mueve por inercia y no en la dirección que demanda la sociedad, principalmente en la prestación de servicios. No es tanto el tamaño del Estado lo que se discute sino su incapacidad para resolver inteligentemente las necesidades de los ciudadanos.
A lo anterior se suma una concentración de poder, así como de competencias y recursos económicos del Gobierno Central en detrimento de los Gobiernos Locales y directamente de las comunidades del país, concentrando la toma de decisiones, sin considerar las necesidades regionales, evidenciando con ello un desequilibrio en la evolución del desarrollo interno, entre la Gran Área Metropolitana y el resto del país; especial atención deberá focalizarse sobre las regiones que se evidencian en el mapa de pobreza sobre la cual recaerá una estrategia particular basada en el desarrollo de planes regionales
La participación ciudadana en la toma de decisiones es sumamente importante. Por ello, la creación de mecanismos que permitan consolidarla es necesario y positivo, sobre la base de las experiencia adquiridas. Resulta perentorio recuperar experiencias como las del Ministerio de Planificación Nacional con los programas regionales de desarrollo, con el fin de superar esas brechas regionales que identifican en nuestras áreas rurales las principales concentraciones de pobreza y deterioro de indicadores de desarrollo económico y social.
Profesionalizar la función publica es una tarea impostergable, se debe evolucionar hacia esquemas o modalidades basados en la competitividad del servidor público, donde se garantice la estabilidad según la idoneidad del funcionario.
Se debe avanzar hacia un fortalecimiento de las entidades publicas, básicamente con los Ministerios, entes encargados de formular la política pública, dado que en los últimos años han enfrentado un debilitamiento económico ante los entes autónomos, lo cual se ha traducido en limitaciones que afectan su capacidad gerencial.
Asimismo, es necesario avanzar en la consolidación y profundización del Sistema Nacional de Evaluación, para que sistemática y periódicamente, se puedan evaluar políticas publicas sectoriales, sectores institucionales, ministerios e instituciones particulares, con el propósito de determinar si se justifican o no, en aras de defender el interés de todos los ciudadanos de tener una administración pública necesaria y eficiente.
Conclusiones
De la revisión de los panoramas económico, social e institucional, podemos sacar las siguientes conclusiones.
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